Personas refugiadas en España y Europa

De cara a la problemática de las personas refugiadas en Europa, tanto las instituciones como los líderes de Estados se han basado en que "la crisis humanitaria de refugiados no es una cuestión nacional, es una cuestión europea y requiere una solución común". Sin embargo, la realidad frente a la que nos encontramos es muy distinta, cada país está actuando en función de su interés individual, por ejemplo cerrando las fronteras alegando "invasión y desbordamiento", lo que contradice a la libre circulación de personas, aspecto fundamental de la Unión Europea. 
Uno de los aspectos de mayor controversia en el tema de las personas refugiadas es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, según el cual Turquía acepta a devolver de manera rápida a las personas que hayan migrado de manera irregular, así como a las personas provenientes de Grecia desde su territorio. y por cada persona de origen sirio devuelta a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a una persona refugiada de Siria que se encuentre en Turquía.

En lo que respecta a España, casi 15.000 personas solicitaron protección internacional, sin embargo sólo 1.020 personas lo obtuvieron. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, puso en marcha el Plan de Atención Integral a los Refugiados en coordinación con el Gobierno Central y la UE, en el que se recogen medidas para responder a la situación que está teniendo local, la formación de una oficina de atención, la entrega temporal de espacios públicos que no estuvieran siendo utilizados para la acogida, poner a disposición los Centros de Participación e Integración para brindar atención integral a nivel jurídico, de empleo, de atención psicosocial, etc. 

Desde el punto de vista del educador social, basándonos en el código deontológico, cabe pensar que, en esta situación, es imprescindible recordar el principio de la profesionalidad según el cual trabajamos con respeto a la persona y a la protección de los derechos humanos así como el principio de justicia social según el cual los ciudadanos tienen que tener acceso a los servicios sociales y educativos, con el fin de lograr un desarrollo y bienestar personal y social. Además, también es importante el principio de participación comunitaria con el fin de implicar a todas las personas que conviven en comunidad a generar recursos y capacidades para transformar y mejorar la calidad de vida. 

Con respecto a los derechos humanos y civiles, hay que tener en cuenta que las personas refugiadas son personas que están en una situación muy concreta que requiere salvaguardas adicionales, y según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él. A su vez, las personas refugiadas deben recibir, al menos, la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otra persona extranjera que sea residente legal, es decir, los derechos civiles básicos como la libertad de pensamiento, de movimiento y el derecho al respeto como persona. 

Como posibles propuestas desde la perspectiva de la educación social, sería positivo sensibilizar a la sociedad sobre la situación que están viviendo las personas refugiadas. A su vez, establecer un canal de comunicación con las personas refugiadas para tener en cuenta su opinión y posibles recomendaciones de mejora sobre su situación.
De manera más específica, se puede tratar de fomentar la promoción social de las personas refugiadas, así como generar intervenciones con el objetivo de reducir la dependencia de las personas refugiadas a las ayudas. 

Servicios Sociales y Bienestar. ¿Europa: un modelo social en quiebra?

El Estado de Bienestar es un conjunto institucional que está compuesto por diversas entidades que tiene como objetivo el pleno empleo, la seguridad económica y la disminución de las desigualdades, y para ello tiene como herramientas los servicios sociales, las transferencias monetarias y una política fiscal que posibilita dichas transferencias y dichos servicios.

Con respecto a la crisis, hay que partir de la premisa que la actual no es la primera crisis que ha perjudicado a los Estados de Bienestar, durante los años ochenta hasta la década del 2000 comienzan a ocurrir con más frecuencia episodios de inestabilidad financiera que afectaron a una gran cantidad de países. Sin embargo, la crisis económica actual tiene tales dimensiones que apenas es comparable con las precedentes. En el caso de los países que conforman la zona euro, con el fin de paliar las consecuencias de la crisis, se tomaron medidas que afectaron de manera significativa al Estado de Bienestar, como las reformas de pensiones, de los sistemas sanitarios y racionalización de la protección social que lo hicieron de manera directa,, el aumento de los impuestos de consumo que lo hizo de manera indirecta mediante la base de la financiación y los recortes de salarios y reformas laborales mediante la precarización del empleo que afectan a los sistemas de protección social.

Por otro lado, el Estado de Bienestar en Europa se está encontrando con dificultades a nivel demográfico, económico, financiero y político. Además, desde diferentes perspectivas siempre se ha considerado que este modelo de Estado es poco eficiente y excesivamente costoso de mantener a largo plazo ya que requiere una gran inversión económica.

En relación con los servicios sociales, esta crisis económica afecta de manera que han empeorado las condiciones de trabajo resultado de las reformas laborales aprobadas y los recortes que tienen lugar en los servicios públicos. Estas políticas de austeridad lo que están provocando es que se hagan más notables las desigualdades sociales ya que aumenta el número de personas que está en paro o el sueldo que recibe es excesivamente bajo. Esto ha hecho más notables las carencias que ya existían a nivel de servicios sociales y las ha empeorado, ya que tienen que hacer cargo de nuevas necesidades que serían propias de otras áreas, como los comedores escolares que serían competencia de Educación o ayudas alimentarias que se sustentan de los bancos de alimentos de los cuales antes se encargaban otras entidades (iglesias, parroquias) pero que de los hoy en día tienen que hacer cargo los servicios sociales.

Por otro lado, los servicios sociales están viviendo, además de una excesiva carga de trabajo, una enorme falta de recursos humanos. Los despidos que tienen lugar en este ámbito provocan que falte “mano de obra”, por lo que se produce una sobrecarga de trabajo que no permite atender a las diversas problemáticas de forma eficaz.

En la actualidad, los déficits de los servicios sociales son totalmente evidentes, el número de personas en situación de emergencia social cada vez es mayor y los servicios sociales tienen que abarcar cada vez más problemáticas. Además, en el Estado de Bienestar, a pesar de estar incluidos, los servicios sociales nunca han sido considerados uno de los sistemas principales. Dicho de otra manera, debido a la situación económica, ha aumentado el número de personas que reciben prestaciones y se han reducido las contribuciones económicas para la política social, lo que ha conllevado que las políticas de austeridad se acentúen y recortes en derechos sociales.

En conclusión, es más que evidente que el Estado de Bienestar es un modelo que ofrece libertad de oportunidades y que ha supuesto la mejora en el bienestar de los ciudadanos, sin embargo es necesario que el estado se adecue al contexto económico de manera que sea capaz de mantenerse, ya que las condiciones sociales y económicas de la época actual no son las mismas que las condiciones que había en su origen y son factores que tiene que tenerse en cuenta.