De cara a la problemática de las personas refugiadas en Europa, tanto las instituciones como los líderes de Estados se han basado en que "la crisis humanitaria de refugiados no es una cuestión nacional, es una cuestión europea y requiere una solución común". Sin embargo, la realidad frente a la que nos encontramos es muy distinta, cada país está actuando en función de su interés individual, por ejemplo cerrando las fronteras alegando "invasión y desbordamiento", lo que contradice a la libre circulación de personas, aspecto fundamental de la Unión Europea.
Uno de los aspectos de mayor controversia en el tema de las personas refugiadas es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, según el cual Turquía acepta a devolver de manera rápida a las personas que hayan migrado de manera irregular, así como a las personas provenientes de Grecia desde su territorio. y por cada persona de origen sirio devuelta a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a una persona refugiada de Siria que se encuentre en Turquía.
En lo que respecta a España, casi 15.000 personas solicitaron protección internacional, sin embargo sólo 1.020 personas lo obtuvieron. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, puso en marcha el Plan de Atención Integral a los Refugiados en coordinación con el Gobierno Central y la UE, en el que se recogen medidas para responder a la situación que está teniendo local, la formación de una oficina de atención, la entrega temporal de espacios públicos que no estuvieran siendo utilizados para la acogida, poner a disposición los Centros de Participación e Integración para brindar atención integral a nivel jurídico, de empleo, de atención psicosocial, etc.
Desde el punto de vista del educador social, basándonos en el código deontológico, cabe pensar que, en esta situación, es imprescindible recordar el principio de la profesionalidad según el cual trabajamos con respeto a la persona y a la protección de los derechos humanos así como el principio de justicia social según el cual los ciudadanos tienen que tener acceso a los servicios sociales y educativos, con el fin de lograr un desarrollo y bienestar personal y social. Además, también es importante el principio de participación comunitaria con el fin de implicar a todas las personas que conviven en comunidad a generar recursos y capacidades para transformar y mejorar la calidad de vida.
Con respecto a los derechos humanos y civiles, hay que tener en cuenta que las personas refugiadas son personas que están en una situación muy concreta que requiere salvaguardas adicionales, y según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él. A su vez, las personas refugiadas deben recibir, al menos, la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otra persona extranjera que sea residente legal, es decir, los derechos civiles básicos como la libertad de pensamiento, de movimiento y el derecho al respeto como persona.
Como posibles propuestas desde la perspectiva de la educación social, sería positivo sensibilizar a la sociedad sobre la situación que están viviendo las personas refugiadas. A su vez, establecer un canal de comunicación con las personas refugiadas para tener en cuenta su opinión y posibles recomendaciones de mejora sobre su situación.
De manera más específica, se puede tratar de fomentar la promoción social de las personas refugiadas, así como generar intervenciones con el objetivo de reducir la dependencia de las personas refugiadas a las ayudas.
Uno de los aspectos de mayor controversia en el tema de las personas refugiadas es el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, según el cual Turquía acepta a devolver de manera rápida a las personas que hayan migrado de manera irregular, así como a las personas provenientes de Grecia desde su territorio. y por cada persona de origen sirio devuelta a Turquía desde las islas griegas, se reasentará a una persona refugiada de Siria que se encuentre en Turquía.
En lo que respecta a España, casi 15.000 personas solicitaron protección internacional, sin embargo sólo 1.020 personas lo obtuvieron. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, puso en marcha el Plan de Atención Integral a los Refugiados en coordinación con el Gobierno Central y la UE, en el que se recogen medidas para responder a la situación que está teniendo local, la formación de una oficina de atención, la entrega temporal de espacios públicos que no estuvieran siendo utilizados para la acogida, poner a disposición los Centros de Participación e Integración para brindar atención integral a nivel jurídico, de empleo, de atención psicosocial, etc.
Desde el punto de vista del educador social, basándonos en el código deontológico, cabe pensar que, en esta situación, es imprescindible recordar el principio de la profesionalidad según el cual trabajamos con respeto a la persona y a la protección de los derechos humanos así como el principio de justicia social según el cual los ciudadanos tienen que tener acceso a los servicios sociales y educativos, con el fin de lograr un desarrollo y bienestar personal y social. Además, también es importante el principio de participación comunitaria con el fin de implicar a todas las personas que conviven en comunidad a generar recursos y capacidades para transformar y mejorar la calidad de vida.
Con respecto a los derechos humanos y civiles, hay que tener en cuenta que las personas refugiadas son personas que están en una situación muy concreta que requiere salvaguardas adicionales, y según el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él. A su vez, las personas refugiadas deben recibir, al menos, la ayuda básica y los mismos derechos que cualquier otra persona extranjera que sea residente legal, es decir, los derechos civiles básicos como la libertad de pensamiento, de movimiento y el derecho al respeto como persona.
Como posibles propuestas desde la perspectiva de la educación social, sería positivo sensibilizar a la sociedad sobre la situación que están viviendo las personas refugiadas. A su vez, establecer un canal de comunicación con las personas refugiadas para tener en cuenta su opinión y posibles recomendaciones de mejora sobre su situación.
De manera más específica, se puede tratar de fomentar la promoción social de las personas refugiadas, así como generar intervenciones con el objetivo de reducir la dependencia de las personas refugiadas a las ayudas.
